Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, reveló que «cuando uno ve la cantidad de heridos de bala de goma, más de 20 disparos en el cuerpo, en otro 13, no es que tienen un solo disparo, tienen muchos; y los que tienen pocos por lo general son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas no solo nacional sino internacionalmente».

El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.

«Lesiones en zonas vitales como pecho y espalda; sobre todo nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor, gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara, moretones que podría darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases sufriendo irritación en su garganta y ojos», explicó Armoa a la agencia Télam.

Además, observaron situaciones de «criminalización y revictimización de muchas de las personas heridas o incluso detenidas arbitrariamente».

El sábado 17 de junio, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.

Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos.

«Además de reprimir a los docentes, sindicatos y a los movimientos sociales han reprimido comunidades enteras, gente que en su vida habían tenido algún tipo de participación activista, política y demás y que estaban en los cortes en solidaridad con su propia comunidad o pueblo», remarcó Armoa.

Después de procesar los datos harán un informe preliminar para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG’s internacionales y a todos los organismos competentes ya sea judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional.

La Policía desalojó a manifestantes

El avance policial se registró este lunes cuando efectivos de Infantería formaron columnas y desalojaron a los manifestantes que se encontraban cortando la ruta 66 a la altura de Finca El Pongo, en cercanías de la ciudad jujeña de Perico en rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial.

Entre los movilizados se encontraban pequeños productores, docentes y trabajadores estatales, quienes evitaron el enfrentamiento y continuaron su reclamo al costado del corredor vial.

«Mientras la delegación realizaba sus tareas de relevamiento de testimonios en el corte de El Pongo, Perico, la policía provincial se presentó con una orden de desalojo», indicaron desde un colectivo de derechos humanos que permanece en la provincia.

En ese marco aseguraron que los manifestantes brindaban el paso de vehículos de manera intermitente por lo que el corte no se realizaba en forma total en ese corredor, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital jujeña. Las personas apostadas en el lugar denunciaron la «intimidación» de los efectivos policiales a través de videos que grabaron con sus celulares, los cuales se multiplicaron en las redes sociales.

Por otra parte, integrantes de las comunidades indígenas de la provincia emprendieron un viaje a Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández y así denunciar «la persecución» a dirigentes y la «violencia institucional» ejercida por la policía jujeña.

Se trata de nueve personas que integran el denominado «Tercer Malón de la Paz», designadas por sus pares en asamblea realizada en pleno corte de ruta en las intersecciones de las rutas 9 y 52 a la altura de Purmamarca.

Télam