Durante la jornada, la funcionaria integró el taller de litigación penal ambiental junto a referentes de la Red Argentina de Fiscales Ambientales.
En lugar de optar por una exposición puramente teórica, la propuesta se enfocó en dinámicas de trabajo práctico donde los asistentes se dividieron en roles de querella, fiscalía, juez y defensa para analizar cómo estructurar estrategias reales de investigación e intervención penal.
En ese ámbito, la representante del Ministerio Público Fiscal de Chubut expuso el trabajo realizado en la provincia a partir de la causa del caso Punta Tombo, considerado la única causa por daño ambiental vigente con condena en el país.
Gómez compartió con los más de 500 participantes las herramientas de investigación y las técnicas de prueba aplicadas para llevar este caso a juicio.
Asimismo, remarcó la importancia de pasar del plano dogmático al ejercicio cotidiano del debate oral, garantizando que los profesionales formados adquieran una perspectiva aplicada frente a la persecución de los delitos ambientales.
Finalmente, la fiscal abordó la necesidad de avanzar en reformas legislativas a nivel nacional, señalando debates en los que intervino junto a legisladores y otros fiscales especializados sobre la Ley 14.346 de protección animal y la tipificación del ecocidio.
Al respecto, advirtió firmemente sobre los proyectos que pretenden retirar la figura del animal como víctima directa del proceso judicial, remarcando que esa categoría resulta imprescindible para que puedan ser considerados sujetos de derecho y para que las organizaciones ambientalistas mantengan la facultad de constituirse como querellantes.
