La intervención judicial se dio ante la presentación de un amparo colectivo presentado por entidades deportivas y pescadores artesanales que cuestionario el convenio que firmó el propietario del campo con la secretaría de pesca que conduce Andrés Arbeletche, mediante el cual se aceptaba que el acceso esté con candado y quienes decidan ir a esa playa tenían que pasar por el ente público, inscribirse y así podían acceder a una copia de la llave del candado.
La doctora Cordón Ferrando consideró que la secretaría de pesca se excedió al firmar un convenio que contraviene la ley provincial de acceso a las playas, que son de dominio público.
Aclaró que el fallo sienta un precedente para el resto de los accesos a la costa atlántica que hoy en grandes extensiones está impedido por sus dueños, aunque se supone que debe analizarse caso por caso.
