Las empresas Kolor Press y Modoc difundieron un comunicado en el que cuestionan el proceso con un presupuesto de 3.600 millones de pesos a pocos días de terminar la gestión.
Ayala aseguró que él no participa en el proceso licitatorio que se inició hace más de un año y que tiene por objetivo modernizar el método de certificaciones que van desde nacimientos hasta defunciones.
Su función es la de convocar a la licitación que luego corre por cuenta de una comisión de adjudicación y de los organismos internos de control del estado.
Consideró que lo publicado huele más a mensaje político que empresario.
Y reivindicó la potestad que tiene el gobierno actual en llevar adelante procesos licitatorios que son generalmente largos, pues no considera que por una elección y un recambio de gobierno haya que poner el freno de mano en la administración pública, siempre que todo se haga de acuerdo a las normas como considera a este caso.
