Lo aseguró el ex presidente de la Asociación de Jubilados del Poder Judicial.

Miguel Santos expresó que a lo largo de las últimas décadas hubo falta de aportes del Ejecutivo y aseguró que hoy se siguen destinando los fondos de los jubilados hacia otras reparticiones.

El especialista hizo hincapié en la deuda histórica que tiene el Ejecutivo Provincial con el Instituto de Seguridad Social y Seguros.

Y expresó que más allá de que pueden llevarse adelante retoques dentro de los regímenes jubilatorios, el problema radica en la falta de cumplimiento en los fondos que se giran.

Opinó al respecto que “hoy el Ejecutivo no quiere que metamos la mano, quieren mantener su hegemonía sobre la Caja y los aportes son malversados por los funcionarios, ya que tienen otro destino los fondos que el que marca la ley”.

Ejemplificó que ese dinero que tendría que ir a la Caja se utiliza por ejemplo para cubrir el déficit en Obras Públicas o para llegar con el pago de los sueldos.

“Para mí el fondo de la cuestión es que la Caja no es un organismo descentralizado como corresponde, y en cambio la Provincia hoy lleva a la Caja a tomar malas decisiones”.

Ratificó que hasta 2017 el sistema jubilatorio de la provincia daba superávit y la relación era de 3,5 activos por cada jubilado, pero esa ecuación cambió y llevó el déficit mensual a los 800 millones, tal como lo aseguró el ministro de Economía, Oscar Antonena.