Lo reconoció, en diálogo con Radio Chubut, el Fiscal de Estado de la provincia, Andrés Giacomone.

Se trata de más de 140 ejecuciones que deberían estar en marcha para cobrarle a los propietarios de barcos la deuda por aplicación del Fondo Ambiental Pesquero.

Ese gravamen había provocado la reacción del sector y un lock out de los dueños de barcos que no salían a pescar porque no podrían volver a puerto si es que no pagaban.

A ellos se sumaron los gremios con protestas que incluyeron cortes de ruta.

La situación se destrabó desde lo político y los barcos volvieron a la actividad, pero la ley sigue tan vigente como antes, reconoció el fiscal.

En rigor, hay un proyecto de ley para eliminar el FAP y crear una forma de pago de la deuda, con quitas de intereses, pero la iniciativa recién ingresó a la legislatura que no tiene previsto reunirse de forma urgente y, si lo hiciera, tampoco se garantizan los votos para aprobar el nuevo esquema acordado.

En otro orden, pero siempre en materia pesquera, el fiscal puso de relieve la resolución de la cámara de apelaciones de Trelew que dictaminó sobre el monto que debería aplicarse por un pleito que le iniciaron a la provincia y que lleva 50 años de tramitación.

Se trata de la demanda efectuada por Manuel Orlando Dos Reis, por los años 70, al que Corfo le vendió el pesquero «Perla del Chubut» que jamás pudo capturar porque la provincia nunca le entregó el título de propiedad.

Los actores pretendían el pago de 9.000 millones de pesos como lucro cesante, pero la provincia logró que el monto se reduzca a un quinto de la pretensión con lo que se pagará el valor del barco, estimado en 1200 millones de pesos más 500 de deuda acumulada.

Ahora habrá que ver cómo se paga ese monto sideral, porque está vigente la ley de emergencia que blinda las ejecuciones, pero tampoco es cuestión de dejarlo correr porque eso implica monumentales sumas por interés.