De allí que las facturas se reciben muy abultadas, a pesar de lo cual no tienen información sobre en qué se invierte, porque ni el juez que dictó la intervención ni el propio interventor se dignan a recibirlos como asociados, denunció Papaiani.
Recordó que van dos años de intervención y consideró que ya es hora de normalizar la situación, aunque advirtió que no se les ocurra convocar para fines de diciembre, porque «la gente está en otra cosa», en vísperas de las fiestas de fin de año, aunque como grupo están preparados para el desafío.
