El especialista se mostró reticente hacia la propuesta elevado por el Ejecutivo Nacional y expuso que el diagnóstico es errado.
En esa dirección marcó que el problema de las inversiones no radica en mejores condiciones tributarias o cambiarias, sino en realidad en la seguridad jurídica con la que se encuentra el inversor.
Lo explicó con un crudo ejemplo local: “Desincentiva más a un inversor la Casa de Gobierno de Chubut pendiéndose fuego, que unos puntos de Ganancias y la seguridad jurídica no se modifica con algo legislativo, sino que se gana con una práctica consensuada”.
Cuestionó algunos artículos como el 163 y el 161 de la ley, dejando claro que de avanzar este tipo de texto, se violarían muchas facultades provinciales que serían pasibles luego de ser judicializables y considerar al proyecto de inconstitucional.
En ese marco, expresó que no se prevé desarrollo de los proveedores locales, sino todo lo contrario, por lo que el régimen tiene que pasar por un debate mucho más profundo para poder tener esa licencia necesaria.
