Se trata de un grupo de personas que en el año 2012 compraron a 9 mil dólares, los terrenos en los que, según acordaron con el sindicato de aguas y gaseosas el IPV se iban a construir sus viviendas.
Desde ese momento hasta el día de hoy, el proyecto no ha tenido avances, no saben dónde están ubicados los terrenos y no hay novedades sobre las casas, con el agravante de que se anunció la construcción de un barrio para el mismo sindicato en una operación que inició con posterioridad a la de los denunciantes.
Este lunes, en conferencia de prensa, Daiana Smith, una de las damnificadas expuso la situación.
La mujer señaló que se realizaron reuniones con el sindicato y con el IPV y que tanto de un lado como del otro responsabilizan a la otra parte y les niegan la información que requieren, lo que incluso, los llevó a realizar prestaciones judiciales.
En la misma sintonía se expresó Eduardo Chicahuala, otro de los damnificados, quien señaló que ni siquiera conocen el lugar donde están ubicados los terrenos que compraron.
Explicó que son 20 las familias que siguen con el reclamo que inició hace 10 años, muchas de ellas cansadas de reclamar o ya sin recursos para seguir peleando judicialmente.
Por último, Daiana Smith señaló que desde el sindicato se les ofreció entregarles las tierras en las condiciones en las que estaban, pero ellos se encargaron porque, según las averiguaciones que se hicieron, el macizo ni quiera está a nombre del sindicato.
“Es una estafa y lo peor es que la siguen realizando” sostuvo la mujer.
