Según explicó Rivarola, la modalidad parte de una supuesta plataforma de inversiones, pero incorpora un elemento distintivo: la utilización de empresas intermediarias para recibir el dinero. “Esto le da a la organización una característica un poco más confiable, porque cuando el inversor deposita su dinero ya no lo hace a nombre de una persona, sino de una empresa”, detalló.
En ese marco, mencionó cuatro firmas utilizadas como fachada empresarial, sociedades que al menos en apariencia se encuentran legalmente constituidas, y aclaró que su mención no implica necesariamente responsabilidad penal como personas jurídicas. Desde el Ministerio Público Fiscal, subrayaron la importancia de difundir estas modalidades para prevenir nuevas víctimas y fortalecer la conciencia social frente a los delitos informáticos.
Rivarola amplió detalles sobre la compleja maniobra investigada, que combinaba estructuras empresariales con mecanismos financieros para movilizar y retirar grandes sumas de dinero. Según explicó, una de las claves del engaño era que las empresas utilizadas tenían como objeto social la intermediación financiera, lo que les otorgaba una apariencia de legalidad y credibilidad frente a los inversores.
En cuanto al movimiento de fondos, el fiscal detalló que en apenas 15 días se detectaron operaciones por entre 400 y más de 500 millones de pesos por cuenta, a través de unas 30 a 40 cuentas bancarias vinculadas a estas firmas.
El fiscal señaló que, para evitar ser detectados al momento de retirar el efectivo, los integrantes de la organización implementaban un mecanismo denominado “rulo cambiario”, que les permitía extraer el dinero sin recurrir de forma visible al sistema bancario. Además, canalizaban pagos a través de cuentas promocionadas en grupos de mensajería como WhatsApp, ofreciendo cancelar facturas de alto monto a cambio de dólares en efectivo con una cotización levemente superior a la oficial.
Este sistema permitió “blanquear operativamente el circuito del dinero” y evitar controles directos, lo que orientó la investigación hacia ese eslabón de la operatoria. Durante los procedimientos se secuestraron elementos informáticos, valores y documentación relevante.
Por su parte, la licenciada en Criminalística e investigadora de la Unidad Especial de Ciberdelito, Anneris Morales, explicó que el análisis técnico de la causa comenzó a partir de la denuncia de la víctima, verificando transacciones y comprobantes de transferencias para determinar el destino del dinero.
Esa información permitió reconstruir un circuito vinculado al cambio de dinero, donde las cuentas eran utilizadas para canalizar pagos que luego se convertían en dólares en efectivo. Desde la Unidad destacaron que el cruce de información financiera y digital fue clave para avanzar en la investigación.
Finalmente, Morales detalló que, tras los allanamientos realizados con colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, se corroboró la hipótesis central de la causa y se secuestraron dispositivos electrónicos como computadoras y teléfonos celulares, además de documentación vinculada a las empresas utilizadas como primera línea de recepción de fondos provenientes de las estafas.
