Según el fiscal, mientras el Estado invierte recursos en perseguir y condenar a los delincuentes, la falta de control sobre el acceso a internet y datos móviles dentro de los pabellones transforma las celdas en «oficinas seguras». En estos espacios, los detenidos cuentan con la ventaja de operar las 24 horas del día sin riesgo personal, dificultando la identificación de los autores entre grandes grupos de internos y anulando los fines de resocialización de la pena.
Rivarola denunció que esta situación no solo facilita la reincidencia delictiva, sino que también fomenta un sistema de abusos y jerarquías violentas dentro de los penales. Las investigaciones revelan que los presos con mayor antigüedad suelen someter a los nuevos ingresos, obligándolos a introducir dispositivos y chips, o a utilizar a sus familiares para gestionar cuentas donde circula el dinero ilícito. Esta dinámica genera una tensión interna constante y profesionaliza el delito bajo el amparo de la «impericia o desidia» estatal en la regulación tecnológica de los centros de detención.
La rentabilidad de estas operaciones quedó demostrada con casos alarmantes en la región: una víctima en Comodoro Rivadavia sufrió extorsiones durante un año y medio por un total de 8 millones de pesos, mientras que en Puerto Madryn, otro ciudadano perdió 40 millones de pesos, cifra que incluyó ahorros y préstamos solicitados bajo presión.
El fiscal enfatizó que la herramienta clave para el cibercrimen no es la comunicación telefónica en sí, sino el acceso libre a internet, lo cual permite a los delincuentes vaciar cuentas bancarias y extorsionar a ciudadanos que, paradójicamente, financian con sus impuestos el sistema que debería protegerlos.
