El geólogo Gerardo Cladera, presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut, advirtió sobre el «espiral descendente» de violencia que se está generalizando y «acorrala» a la sociedad.
Tras describir que viven «con angustia» lo que ocurre con la agresión a diputados, a edificios públicos y a funcionarios tanto nacionales como provinciales, concluyó que lo máximo fue el ataque a la comitiva presidencial el sábado, cuando Alberto Fernández llegó a la comarca afectada por los incendios.
Pidió parar con la violencia que desemboca irremediablemente en la falta de trabajo por caída de la inversión y como contrapartida, sugirió que se produzca un debate objetivo donde cada uno plantee sus dudas.
Dijo que desde el sector «no vamos a bajar los brazos» en procura de que se habilite la actividad minera que la vienen reclamando desde «hace 15 o 20 años».
Respecto a la demora en el tratamiento del proyecto que tenía despacho de comisión por lo que debería haber estado en el orden del día de la última sesión -cosa que no ocurrió- Cladera interpretó que las circunstancias sociales por los incendios y la situación que vivió la comitiva presidencial no le daban contexto.
En el mismo sentido opinó el diputado Carlos Eliceche, presidente de la comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente que le dio despacho favorable al proyecto de zonificación minera que envió el gobierno del Chubut.
«El proyecto tiene dictamen y no fue devuelto a comisión por lo que está en condiciones de ser tratado en sesión» describió Eliceche.
El legislador provincial recordó que hay otro proyecto en la comisión que él preside, presentado por la Unión de Asambleas en oposición a la megaminería, que fue acompañada por 30.000 firmas bajo la figura de la «iniciativa popular».
Este proyecto fue presentado en octubre y tuvo formal ingreso en noviembre, tras haberse constatado, por parte del tribunal electoral provincial, la autenticidad de las firmas.
A partir de ahí la constitución establece un plazo de seis meses, por lo que Eliceche interpreta que a más tardar a fines de mayor debería tener tratamiento, aunque el que tiene prioridad por contar ya con despacho es el que impulsa el gobierno de Arcioni.
