En horas de esta mañana la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a la oficina judicial de Rawson la respectiva imputación en la causa caratulada “Cecilia Torres Otarola y otros fraude a la administración pública”.
De acuerdo a la extensa presentación son trece las personas imputadas que se encuentran involucradas en la misma cantidad de hechos, solicitándose la formalización de apertura de investigación de acuerdo al artículo 274 del código procesal penal.
En la acusación se indica que Torres Otarola habría gestionados ingresos, de amigos y conocidos en la planta de la administración publica, entre ellos a la niñera de sus hijos quien además cumplía un rol de recaudadora pues era a ella a quien se le depositaban los retornos de los haberes cobrados por las personas empleadas.
A su vez, esos fondos eran transferidos a la cuenta de la ex ministra de la familia.
Entre el grupo de personas que habrían ingresado a la función pública bajo el ala de Torres Otarola se encuentra una pareja y su hijo, todos ellos amigos de la ex funcionaria.
En otro párrafo de la presentación, la fiscalía señala que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil (niñera de los hijos de Torres Otarola) le realizó transferencias bancarias a la ex ministro por un monto superior al millón quinientos mil pesos.
También consta en la presentación que entre los nombrados, figura la señora Patricia Antonio, que resulta ser la madre de Alberto Gilardino.
“La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado, con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo”, indica la información oficial.
Finalmente, se señala que la fiscalía solicitó una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado.
