Recordó que la CTA no está validada para convocar a un paro y si hay empleados públicos que tomándose de la convocatoria no concurren a trabajar están expuestos no solo al descuento salarial por el día no trabajado sino además a que se le apliquen sanciones.
Cuestionó a los que activan el conflicto a quienes calificó como «un grupo minúsculo» con base en Comodoro Rivadavia.
Chialva no tiene dudas respecto a que hay una intencionalidad política en la movida que vinculó con los hechos violentos que tuvieron lugar en la sede de la Regional VI del Ministerio de Educación en Comodoro Rivadavia a la que se agregó un reciente episodio en la Delegación de Trabajo de esa misma ciudad.
A los ojos del Gobierno, en ambos incidentes aparece la figura de Verónica Rosales, quien sería funcional a la oposición política.
