La vecina Miriam Pérez Aguirre explicó que los terrenos fueron adquiridos en 2014 a través del sindicato municipal y que desde entonces aguardaban respuestas sobre el inicio de las obras.
“Hoy nos citaron para decirnos que ya estaba todo resuelto y que los papeles que estaban trabados ya se destrabaron”, señaló. Ahora, el próximo paso será que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) envíe la documentación correspondiente para comenzar con la construcción.
Las viviendas estarán ubicadas en un sector detrás de Santa Catalina, frente al Hogar de Niños.
Según relató la vecina, los terrenos ya habían sido cancelados hace años y el problema se encontraba en la falta de avance administrativo para ejecutar el proyecto habitacional.
Pérez Aguirre indicó que, según les informaron desde el IPVyDU, en 2018 el organismo había enviado la documentación necesaria al sindicato para iniciar las obras, aunque nunca hubo respuesta, situación que terminó paralizando el expediente.
Ante la falta de soluciones, los vecinos comenzaron a organizarse el año pasado y mantuvieron reuniones con autoridades del IPVyDU y con el intendente Merino, a quien agradecieron por su predisposición para intervenir en el conflicto.
“Somos 33 familias esperando hace 12 años. Hoy nos dijeron que en aproximadamente 18 meses podríamos llegar a tener nuestras viviendas”, expresó la vecina, destacando la expectativa y el alivio de las familias tras años de incertidumbre.
Por su parte, el representante legal del municipio, Javier Caucigh, explicó que el conflicto estaba vinculado a problemas con la titularidad de las tierras donde debían construirse las viviendas.
“Era un trámite administrativo perdido desde hace más de 10 años, con gente esperando ansiosa su vivienda”, afirmó el funcionario tras una reunión mantenida con los vecinos beneficiarios.
Según detalló, las tierras originalmente pertenecían a una asociación civil y luego habían sido transferidas al sindicato municipal, aunque existían irregularidades vinculadas a las autoridades de la entidad, situación que impedía avanzar con el proyecto.
Caucigh señaló que el municipio intervino como intermediario ante el IPVyDU para destrabar el expediente y regularizar la documentación necesaria.
“Ya firmamos los convenios tanto con el titular actual de las tierras como con el IPVyDU para transferir la titularidad de dominio y que comience la construcción de las viviendas”, indicó.
El funcionario aclaró que no se detectaron delitos en torno a la situación, aunque sí habló de una “desidia administrativa” acumulada durante años. “Son muchos trámites que vienen de gestiones anteriores sin moverse y esta gestión los está llevando adelante”, sostuvo.
Ahora el proceso quedará en manos del IPVyDU, que deberá avanzar con las licitaciones y contratación de empresas para ejecutar las obras. Desde el municipio estiman que las viviendas podrían concretarse en un plazo aproximado de dos años.
Caucigh agregó que existen otros casos similares en la ciudad, entre ellos los vinculados a Chacra 26 y el loteo Belgrano, donde también se trabaja para regularizar situaciones pendientes desde hace años.
