Así lo confirmó, en diálogo con Radio Chubut, la propia demandante, María Silvia Grosso.
La mujer y sus hijos fueron víctimas de publicaciones difamatorias además de la revelación de datos personales como partidas de nacimiento, domicilios y otros detalles que atentaban contra los derechos constitucionales básicos.
La persona que desde perfiles falsos profería las acusaciones quedó identificada, se reportó con problemas de salud mental y dejó de publicar, pero las fotos, textos y acusaciones permanecían en las plataformas y por eso accionó contra los responsables tecnológicos de las mismas.
La causa tuvo varios pasos, entre ellos un fallo en primera instancia donde se le ordenó a la empresa que se quiten las publicaciones lo cual la multinacional tecnológica desconoció con la excusa de que no se podía hacer nada desde Argentina porque la sede central está en Estados Unidos.
Grosso insistió por la vía judicial hasta que Meta Platforms hizo desaparecer misteriosamente las publicaciones.
Frente a tanta negación, la abogada decidió «seguir hasta el final» propiciando una acción por daños y perjuicios y un resarcimiento económico por daño moral que tuvo fallo favorable en la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.
Ahora la causa está a nivel del Superior Tribunal de Justicia al que recurrió para que los dueños de Facebook e Instagram paguen la multa y los intereses acumulados.
