El especialista aclaró que, si bien existen decisiones judiciales que frenan parcialmente la aplicación de la norma, estas tienen alcance limitado y no implican la suspensión total de la ley en todo el país.
“La ley es legítima y está vigente, porque fue aprobada por el Congreso. Lo que puede hacer un juez es analizar si algún artículo es inconstitucional, pero eso rige solo en su jurisdicción”, explicó.
En ese sentido, Echelini detalló que Argentina es un país federal, por lo que cada provincia tiene su propio sistema judicial. Por lo tanto, un fallo dictado en la Ciudad de Buenos Aires no se aplica automáticamente en Chubut u otras provincias.
“El único órgano que puede establecer un criterio obligatorio para todo el país es la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo.
Además, indicó que las suspensiones actuales se enmarcan en medidas cautelares, lo que implica que son decisiones provisorias y pueden ser revisadas en instancias superiores.
Por otro lado, el abogado advirtió que la reforma laboral podría generar el efecto contrario al buscado: un aumento de los conflictos judiciales. “Es una ley con alta litigiosidad. Al haber aspectos cuestionables, todo termina siendo discutido en la Justicia”, afirmó.
Según explicó, esto genera incertidumbre tanto en empleadores como en trabajadores, ya que no existen criterios unificados y cada caso puede tener interpretaciones diferentes según el juez que intervenga.
Finalmente, Echelini remarcó que, pese a las controversias, la norma continúa vigente y su aplicación dependerá de futuras resoluciones judiciales, especialmente de la Corte Suprema, que podría fijar una postura definitiva a nivel nacional.
