El secretario gremial de la Asociación de Docentes Universitarios, Juan Pablo Simonetti explicó que el reclamo se basa en que el Estado “no está aplicando leyes vigentes”, lo que impacta directamente en salarios docentes, funcionamiento e investigación.
En ese marco, detalló que el plan de lucha definido a nivel nacional contempla un esquema de paros intermitentes, con suspensión total de actividades en la semana actual, una pausa la próxima por actividades conmemorativas del 24 de marzo, y una nueva medida de fuerza en la semana del 30 de marzo. Además, remarcó que el conflicto se da en el inicio del ciclo lectivo, afectando especialmente a los ingresantes universitarios.
El dirigente también cuestionó el enfoque del Gobierno sobre el equilibrio fiscal, al que calificó como un “eufemismo de recorte”, y advirtió que el sistema universitario enfrenta un deterioro sostenido. Señaló que ya hubo ajustes en servicios básicos como energía, limpieza e infraestructura, y sostuvo que el funcionamiento actual de las universidades se sostiene por las movilizaciones masivas de 2024 y 2025. “Hoy la universidad sigue en pie por la sociedad que la defendió en la calle”, afirmó.
En paralelo, alertó que existe una deuda salarial acumulada y que el escenario hacia 2026 podría ser aún más complejo si no se resuelve el financiamiento. “Hay una ley que no se cumple y salarios atrasados. Discutir cambios normativos es otra cosa, pero primero deben cumplir lo vigente”, sostuvo. Finalmente, advirtió que el conflicto continuará mientras no haya respuestas concretas y planteó la necesidad de discutir el destino de los recursos públicos en relación con el sistema educativo.
