Según explicó el delegado zonal en Trelew, Gabriel Yapur, el Ejecutivo vetó la norma en primera instancia, pero luego fue ratificada por el Congreso con mayoría especial. Aun así, tras presentaciones judiciales y resoluciones en distintas instancias, el conflicto persiste.
En paralelo, el Gobierno impulsa un nuevo proyecto que, según denuncian desde el sector, apunta a reducir el presupuesto destinado a las universidades, en línea con la política de déficit cero.
Desde el ámbito académico remarcan que la situación impacta directamente en el funcionamiento cotidiano. Si bien las universidades logran sostener sus actividades básicas, aseguran que existe una fuerte limitación para invertir, proyectar y mejorar infraestructura. Problemas como la reparación de equipos, el mantenimiento edilicio o la compra de insumos se vuelven cada vez más difíciles de afrontar en este contexto.
Además, alertan sobre el crecimiento de la matrícula, que en algunas sedes supera el 70% de aumento en ingresantes, sin el acompañamiento presupuestario necesario. Esto genera una mayor presión sobre los recursos disponibles y pone en riesgo la calidad educativa, en un sistema que también sostiene investigación, ciencia y tecnología.
Frente a este escenario, la comunidad universitaria profundiza su plan de lucha con paros, actividades abiertas y una nueva marcha federal prevista para mayo.
