Rivarola sostuvo que la iniciativa no amplía facultades de manera indiscriminada, sino que establece reglas claras y restrictivas para el uso de herramientas digitales dentro de investigaciones penales ya abiertas. Entre las modificaciones se incorporaron precisiones sobre qué datos pueden solicitarse con o sin autorización judicial, el rol del agente encubierto digital y los límites vinculados al contenido de comunicaciones y datos sensibles. Remarcó que toda medida requiere control judicial y que hablar de “espionaje” en este contexto es incorrecto, ya que las actuaciones se enmarcan exclusivamente en procesos penales.
En relación al tratamiento de la información recolectada, indicó que los datos que no resulten útiles deben destruirse, previa notificación a la defensa, mientras que aquellos incorporados como prueba permanecen hasta la resolución final de la causa. Además, destacó que existen mecanismos de cooperación internacional que permiten avanzar en investigaciones vinculadas a plataformas digitales, aunque reconoció que la colaboración depende de los convenios vigentes con cada país.
Según afirmó, si el proyecto se aprueba, dotará a la provincia de una normativa clara y actualizada para enfrentar delitos informáticos.
