«Salvo que el denunciante, José Severiche, se autopercibe funcionario» ironizó el abogado Federico Ruffa, que equiparó al líder local de ATE como un «therian» de la función pública.
Reconoció que su defendido, Gonzalo Carpintero Patterson, se reunió con el gremialista, pero advirtió que eso de ninguna manera puede constituir delito.
Cuestionó al accionar de la justicia al avalar el secuestro de los teléfonos de los imputados siendo que es una vulneración de los derechos individuales en una maniobra controversial que, encima, no respetó la cadena de custodia.
En el mismo sentido opinó el abogado Alfredo Pérez Galimberti que defiende a Ricardo Traversini, acusado de haber sido el «nexo» entre Severiche (el supuesto coimeado) y Gonzalo Carpintero, el presunto coimeador.
Para Pérez Galimberti, el sindicalista Severiche hace una interpretación del código y se ubica como «funcionario público» obligado a hacer una denuncia.
Por otra parte no sabe de qué lo acusan a su defendido, siendo que el propio denunciante lo ubica como «un potus» en la reunión del supuesto complot.
Ya pidieron la nulidad de las actuaciones y el apartamiento del fiscal Lucas Papini por manifiesta amistad con el gobernador, cosa que, en este último caso, lograron.
