El proyecto establece inhabilitaciones para personas y empresas con condenas firmes o antecedentes de defraudación fiscal, incorpora la caducidad automática de permisos y crea un registro público digital para fortalecer los controles de la actividad pesquera.
«A mi me parece bárbaro porque tengo todo en blanco y en regla y el sistema me obliga a competir con quienes no hacen las cosas bien» indicó sin rodeos el empresario hispano-argentino.
Para Álvarez Castellano, los permisos deberían tener la condición de precarios con renovación anual, siempre y cuando presenten los interesados la documentación respaldatoria, como actualmente ocurre, aunque seguramente serán más los requisitos.
También avaló el establecimiento de un canon pesquero para pagar el gasto operativo de Puerto Rawson e incluso el financiamiento del dragado de la desembocadura del río.
«Me parece muy bien y va de la mano con lo que alguna vez propuse que era la creación de un fideicomiso en el que cada uno aporte de acuerdo a lo que captura» explicó.
Irónicamente dijo que «en esta parezco hermano de Nacho Torres, pero si lo veo bien no tengo por qué no decirlo».
