La fiscal jefe de Rawson, Florencia Gómez, aprovechó para recordar que las oficinas de la propia fiscalía fueron alcanzadas por el fuego y la destrucción, además de la sede del superior tribunal de justicia y la procuración.
Gómez aclaró que a ella le llegó la causa 2 años después de ocurridos los hechos razón por la cual tuvo que rearmar los cargos, ordenar las pruebas y en ese camino no le quedó más remedio que sobreseer a quienes fueron señalados pero que, por la desprolijidad de investigación inicial, devino en difícil comprobación.
En esto opera el hecho de que muchos actuaron con el rostro cubierto, por lo que las audiencias que comienzan este martes no incluyen a la destrucción de Casa de Gobierno, pero si los destrozos en la legislatura.
Ante el argumento típico que se esgrime en estos casos respecto a que el acusar a manifestantes es «criminalizar la protesta», la fiscal recordó que ese siempre es el argumento de la defensa de los imputados pero claramente no encaja, porque el crimen es el daño y no la manifestación.
La fiscalía convocó a 57 testigos, entre ellos autoridades del Superior Tribunal de Justicia.
