El jefe de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública se mostró satisfecho por el veredicto de culpabilidad contra Torres Otarola y el resto de los acusados.
Aunque planteó que los tres años otorgados con prisión en suspenso evitó que la ex funcionaria vaya a la cárcel.
El funcionario judicial opinó que en los casos de corrupción las penas deberían ser de cumplimiento efectivo, independientemente de la condena final que otorgue la justicia.
Marcó que hoy los delitos por defraudación a la administración pública tienen condenas máximas que son muy bajas.
Y por lo tanto, consideró que desde la legislación se deben cambiar las leyes para que efectivamente se manifieste la condena.
Rodríguez expresó que “apoderarse de millones de dólares en el Estado tiene penas bajas”.
De todos modos, valorizó que a diferencia de tantos casos que se investigan por corrupción en el país, en esta oportunidad se haya podido alcanzar una sentencia.
En relación a la decisión de los jueces de denegar el resarcimiento económico para Otarola, indicó que se podría reclamar en otra instancia a través de la vía civil.
