El sobreseimiento del abusador había sido emitido por un tribunal de Puerto Madryn, luego ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, bajo el argumento que habían pasado los seis meses que es el plazo máximo para la parte preparatoria.
Los ministros de la corte interpretaron que se trató de un «exceso de rigor formal» por el que no se podría sobreseer a quien la víctima acusó de abusarla entre 1998 y 2005.
La resolución fue valorada por el procurador general de la justicia, Jorge Luis Miquelarena, quien impulsó la apelación en queja a la Corte, bajo el argumento que se trata de un plazo inconstitucional -el de los seis meses- que incluso estaban mal contados.
Miquelarena explicó que el máximo tribunal se basó en el llamado «caso Price» que tenía el mismo fundamento y aclaró que seguramente habrá otros fallos similares que no se conocieron hasta hoy, porque ingresaron con posterioridad y que no se trataron por los tiempos que tiene la corte.
