Lo llamativo es que en el caso de los legislativos municipales los propios concejales oficialistas, a la hora de fundamentar el apoyo a la iniciativa, dicen abiertamente que es para evitar embargos en las cuentas municipales.Lo particularmente extraño, además, es que en los últimos años se lleva más tiempo en «emergencia» que en situación normal, por lo que se naturaliza una posición que de por sí es anómala.
Esto significa, por ejemplo, que si un damnificado por un accidente de tránsito que tiene una acreencia por un juicio civil contra el Estado no lo podría cobrar, porque la institución se declaró en emergencia.
Para Chialva, esa posición es de dudosa constitucionalidad ya que el Estado no puede decir que no cumple con la ley que por origen está obligado a cumplir y hacer cumplir.
Trasladado a la órbita individual, es como si un ciudadano se declara insolvente para zafar de pagar deudas o una empresa entra en quiebra a propósito para incumplir con sus obligaciones.
Hay consecuencias económicas también, porque declararse en emergencia es como alguien que, estando en el Veraz, va al banco a pedir un préstamo.
Las secuelas se sentirán por ejemplo a la hora de adquirir bienes o servicios de terceros, porque si el estado está en emergencia lo más probable es que el proveedor le facture 10 veces más para cubrirse.
