En el marco de esta investigación ayer se constituyeron funcionarios de esa unidad fiscal en el área de compras del ministerio de seguridad de donde se secuestraron expedientes vinculados con procesos de contratación directa.
La denuncia que se tramita indica que una funcionaria de esa repartición le asignaba servicios y trabajos a su pareja, lo cual está prohibido y se encuadra en el delito de «negociaciones incompatibles con la función pública».
Si bien se trata de los primeros pasos, el fiscal en jefe de la unidad de delitos especiales contra la administración pública, Omar Rodríguez, admitió que las primeras averiguaciones le dieron verosimilitud a lo señalado como irregular.
La sospecha que recae sobre la responsable de esa repartición es por la adjudicación directa a su pareja de obras y reparaciones menores que permiten la contratación directa, pero lo hace un delito el hecho de que sea a alguien del mismo grupo familiar porque se interpreta que es un beneficio propio.
