Este miércoles se llevó a cabo en Rawson la audiencia preliminar en la causa que investiga tanto a ex funcionarios como otras personas relacionadas a ellos por presuntas designaciones irregulares en el Estado Provincial y trasferencias de fondos a cuentas de una ex ministra.
La principal señalada en esta causa es la ex titular de la cartera de Familia, Cecilia Torres Otarola.
Pero otros de los apuntados era Alberto Gilardino, quien supo ser funcionario provincial hasta el año 2017.
En la audiencia de ayer, tanto él como su madre Patricia Antonio, fueron sobreseídos.
Conocida la novedad el ex ministro dialogó con la prensa y manifestó que vivió este proceso con tranquilidad.
Y habló acerca del daño que produjo en su vida la condena social a la que fue expuesto tras ser imputado por estos hechos.
Dijo que es cierto que hubo intenciones de contratar a su madre, pero sostuvo que eso tenía que ver con la experiencia previa de la mujer en temas sociales.
“A mí me afectó el daño social” reiteró el ex ministro quien sostuvo que no cree que haya intencionalidad política detrás de lo ocurrido
El ex ministro habló también sobre su implicación en la causa por la emergencia climática.
Al respecto señaló que “era lógico” que estuviera señalado en esa investigación porque era él quien firmaba los expedientes aunque, sostuvo, no tenía conocimiento sobre las compras que se hacían.
Y se manifestó contrariado porque en “Ñoquis Calientes” fue nombrado por una persona que él no conoce y que lo apuntó en su testimonio.
Si bien no renegó de su pasado como funcionario en la gestión del extinto gobernador Mario Das Neves reconoció que no estaba a la altura del cargo de ministro coordinador de gabinete que ostentaba.
“Yo no tenía poder y no pude imponer algunas ideas que tenía” indicó.
También dialogó con Radio Chubut el abogado Fabian Gabalachis, defensor de la ex ministra Cecilia Torres Otarola quien explicó que el Ministerio Público Fiscal apunta a la ex funcionaria acusándola en dos periodos.
El primero de ellos está relacionado al tiempo en que era diputada provincial, donde señala la fiscalía contrataba gente que no trabajaba.
En tanto, mientras ostentaba le cargo de titular del ministerio de la familia, se la acusa de cobrar retornos a los empleados.
El letrado aseguró que las cuestiones personales entre la ex ministra y su ex pareja tienen implicancia en la investigación porque fue el hombre quien realizó la denuncia ante la justicia.
También, dos mujeres que eran funcionarias cuando Torres Otarola era Ministra de la familia prestaron testimonio ante la fiscalía en contra de su ex jefa, tras lo cual quedaron fuera de la investigación, interpretó la acusada y replicó su representante legal.
También se investiga el rol de la “niñera”, que reconoce Torres Otarola, era su empleada.
Sin embargo, con el paso del tiempo, ambas mujeres forjaron un vínculo de confianza que terminó con la empleada siendo parte del staff de colaboradores de la ex funcionaria chubutense.
Por último, el abogado explicó que Torres Otarola, tanto en su carácter de diputada como de ministra tenía la potestad de contratar personal.
Gabalachis aseguró que, si bien fue por poco tiempo, Marcelo Neira, otro de los imputados, prestaba servicios en la Casa del Chubut en Buenos Aires.
Por último, el titular de la unidad anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Omar Rodríguez señaló que el núcleo es establecer si las personas investigadas y que cobraban un sueldo, efectivamente, trabajaban.
Explicó que la gran mayoría de los imputados residen en Buenos Aires y es por eso que se duda sobre el cumplimento de las obligaciones laborales.
Señaló que el vínculo de Torres Otarola con estas personas surge a través de Jaquelina Rodera.
Una vez que vez que la ex ministra asumió en la cartera provincial, incorporó a más gente del mismo grupo.
“Ellos vivían en Buenos Aires y cobraran un sueldo de acá”, sostuvo el fiscal quien remarcó que deben rendir cuentas a la sociedad porque se trata de personas que eran funcionarios provinciales.
