El primero fue presidido por la jueza María Laura Martini, que aceptó saldar los daños con la entrega de dinero en cuotas, alimentos y algunos trabajos comunitarios.
Eso fue impugnado por el ministerio público fiscal, lo que llegó hasta el superior tribunal de justicia que dispuso hacer otro juicio que se realizó, esta vez presidido por la jueza Eve Ponce, que comenzó en abril pasado con 8 imputados de los cuales uno se suicidó antes de los alegatos.
Sin embargo la sentencia nunca quedó firme por una presentación que realizó el abogado de la defensa pública, Miguel Moyano, cuestionando a la jueza por haber incurrido en parcialidad al favorecer a la fiscalía por lo que pidió su apartamiento, lo cual logró y ahora todo está a la espera que apelaciones y la posterior convocatoria que realice, a otra audiencia, la oficina judicial.
Mientras tanto, todos los imputados por los daños están en libertad tras dos juicios fracasados.
