Si algo le faltaba a la provincia del Chubut, sumergida en los severos problemas económicos que todos conocemos, son historias de amenazas, espías y tráfico de información que se mezcla con las internas policiales y que a su vez se acoplan con las disputas políticas.
La secuencia comienza en el 2018 cuando el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral, titular del juzgado federal N°6 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, requirió información a la procuración general de la provincia sobre las reiteradas consultas que se hacían intentando averiguar por los trámites migratorios que hacía el gobernador Mariano Arcioni para salir del país.

Las consultas partían de personal de la fuerza policial adscripto a la procuración que integró la llamada «policía judicial», un organismo de poca actividad pero con poder de investigación, entre ellas el acceso a este dispositivo de información para el cual se requieren claves.
Como es un sistema encriptado, las consultas fueron rápidamente advertidas desde el juzgado porteño que disparó la lógica inquietud: en torno a qué causa se estaba utilizando este mecanismo para investigar al propio gobernador sin orden judicial o si la hubiera, que se detalle cuál.
El requerimiento de Canicoba Corral fue confirmado esta mañana por el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, en diálogo con Radio Chubut.

Miquelarena detalló además que ni bien recibieron el pedido del juez porteño se inició un sumario interno para determinar quiénes desde el ámbito local estaban haciendo un seguimiento ilegal para saber los movimientos hacia el exterior del gobernador y a poco de andar dieron con el responsable.
Se trata de un comisario, adscripto a la oficina judicial, que fue separado inmediatamente del cargo, previo a constatar que se había utilizado una clave de acceso desde un IP perteneciente al padre del cuestionado funcionario policial.

La historia que ya tiene un par de años se desconocía hasta el momento y tomó estado público hoy a través de Radio Chubut.
Esa investigación originada en Buenos Aires se vincula al menos en uno de sus protagonistas con una más reciente vinculada con una denuncia que realizó el vicegobernador, Ricardo Sastre, hace 10 días.

Ocurre que el mismo comisario que espiaba las salidas de Arcioni al exterior es uno de los que envió recientemente mensajes a Sastre por «interpósitas personas», advirtiéndole que querían «plantar una causa por drogas», según confirmó a su vez el fiscal en jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, quien fue consultado por la emisora.

Según denuncio el propio vice, él recibió por dos vías mensajes en el mismo sentido, es decir advirtiendo que le estaban por hacer «una cama».
El mismo comisario que buscaba datos sobre Arcioni ahora se reconvirtió en informante del vicegobernador pero esta vez con la colaboración del Sargento Alberto Cleri, quien también le envió mensajes parecidos a Sastre.
En diálogo con Radio Chubut, Báez admitió que le tomó declaraciones a Cleri, quien declaró que en efecto él fue el que le envió los mensajes al vicegobernador basándose en datos que le brindó un informante al que no supo identificar ni describir, por lo que su testimonio resultó muy poco creíble.
«Yo le dije que su testimonio era inconsistente» se sinceró el fiscal en jefe.
Con posterioridad apareció un vehículo frente al domicilio de Sastre que se supo luego que se trataba de la división drogas, el que estaba haciendo un seguimiento pero no contra el vicegobernador sino por una causa federal y tenía como objetivo el seguimiento de un vehículo que casualmente estaba cerca de la casa.
El fiscal Báez convocó al jefe de la delegación drogas de la policía en Puerto Madryn, Sergio Salamín, quien explicó la situación y resultó creíble.
Lo cierto es que del cruzamiento de los teléfonos de Cleri con el subcomisario apartado de la procuración se comprobó que ambos mantenían contacto y que, por distintas razones, buscaron este camino oscuro de traficar influencias, quizá para ganarse la confianza de Sastre e ir a trabajar con él a la legislatura.
En el caso de Cleri porque se le terminó la adscripción en una oficina de Trevelin en la que estaba pasando sus días con comodidad, y en del comisario porque era una excelente manera de ponerse bajo protección de la segunda figura y así cobijarse por la causa de haber espiado ilegalmente al gobernador.
Por su parte el jefe de la policía, Miguel Gómez, deslindó cualquier responsabilidad institucional y pidió que se investigue a fondo porque de ninguna manera la policía hace seguimientos a ciudadanos sin orden judicial, lo que incluye tanto al vicegobernador como a cualquier ciudadano.
Así lo expuso en diálogo con Radio Chubut esta mañana.