Insistió que los permisos deben ser otorgados por licitación pública para obtener recursos con los cuales hacer, por ejemplo, escuelas.

También contó una extraña llamada que recibió de un abogado conocido que le advirtió, tras el encuentro, que si avanzaba en la derogación de la ley podría ser acusado de falta de deberes de funcionario público, lo que responderá, de ser necesario, con la judicialización del tema.