Luego de la investigación pertinente, la justicia determinó que él y su hijo Norberto quedaran sobreseídos de los delitos de los que eran acusados y así se dio a conocer este martes en una conferencia de prensa.

En ese marco, el secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores Estatales Provinciales José Pihen relató el inicio del conflicto y la decisión de intervenir la organización.

Dijo que la intención de la Federación fue siempre normalizar el sindicato para lo cual se le quitó el mandato al delegado hasta ese momento dejando en el lugar a José Mariani.

Sin embargo, el dirigente poco pudo hacer por los faltantes en el sindicato y la acusación.

Finalmente, el secretario general ratificó a José Mariani como autoridad del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública en carácter de interventor y garantizó que antes de fin de año habrá elecciones para la regularización del ese gremio.

También habló con la prensa la abogada Gladys Olavarría, representante de José Mariani, quien contó que los denunciantes engañaron a la jueza Karina Breckle al asegurar que ambos eran afiliados y estaban legitimados para pedir el embargo de cuentas y otras medidas cautelares.

Por ello es que la letrada presentó una acusación contra ellos por el delito de fraude procesal.

Por último, el delegado interventor, José Mariani aseguró que más allá de todos los contratiempos, el sindicato realizó acciones por el bien de los afiliados como la entrega de bolsones de alimentos.

Se mostró dolido por las acusaciones y la réplica que éstas tuvieron sobre todo en Entre Ríos donde ya tiene varias gestiones al frente del sindicato de empleados estatales de esa provincia.

Mariani aseguró que al iniciar la intervención había solo 650 mil pesos en las cuentas del sindicato y sostuvo que se desconoce dónde se encuentran 6 vehículos propiedad del sindicato que permanecen desparecidos.