Fue este miércoles por la mañana en el edificio de INPAT ubicado en las calles Yrigoyen y Cangallo cuando se presentaron en el lugar aproximadamente diez policías enviados por el ministerio de salud para realizar una inspección
Ante esto el director médico del lugar Eduardo Ruffa les solicitó la orden de inspección con la cual los efectivos no contaban.

“Esto es un circo que hasta sería gracioso si no fuese porque afecta a los familiares y a los trabajadores, poniendo en juego la salud mental de quienes trabajamos acá y a los usuarios”, manifestó.

Contó que luego se hicieron presentes en el lugar personal de fiscalización sanitaria y del juzgado de familia que explicaron que todo se trataba de un conflicto familiar en el cual un pariente de una usuaria solicitaba el traslado de la misma mientras otro familiar quería que continúe internada allí.

Ruffa aseguró que nunca niegan las altas si la familia así lo decide por lo que calificó el despliegue como un “Circo” ya que “es para seguir intentando tapar la incapacidad del Ministerio de Salud y de la Dirección de Salud Mental”.

También manifestó preocupación por los 60 pacientes que residen hoy en el INPAT ya que aseguró que SEROS no enviará más dinero por lo que se hace cada vez más difícil solventar los gastos básicos.

“SEROS nos deja a los pacientes y no paga más, es un abandono de persona porque yo me tengo que hacer cargo del tratamiento que ellos solicitaron en esta institución”, agregó Ruffa.

Eduardo Ruffa ventiló que el pasado lunes desde SEROS y el Ministerio de Salud, enviaron a cada uno de los pacientes cartas documento con solo dos opciones de traslado a centros de la ciudad de Puerto Madryn.

“Algunas estaban firmadas por Arnaudo y otras por la Virginia Conzi del Ministerio de Salud, informándoles a personas que no pueden abrir el sobre y leerlo, que tenían 48 horas para decidir entre estos dos lugares”, describió.

Ante esto Ruffa señaló que no se piensa en un pasaje o adaptación ni empatía hacia los pacientes ya que desde el INPAT no conocen ni saben con garantía que estos lugares cumplan con los estrictos requisitos de la Ley de Salud Mental.

Para finalizar, Ruffa recordó que todo este conflicto se generó porque no pudieron llegar de acuerdo con respecto al canon que cobraba el INPAT, el cual “ya estaba atrasado un año y medio y el último contrato se había firmado en noviembre de 2018”.

“El Interés de que esto siga no estaba, porque en dos años no logré que nadie me atienda”, finalizó.