Así lo confirmó el viceintendente Emanuel Venter Jenks, quien advirtió que la falta de acuerdos entre los concejales no solo bloquea la actividad legislativa, sino que impacta de lleno en el funcionamiento cotidiano del municipio y en la vida de los vecinos.
El origen del conflicto se remonta a la sesión preparatoria, tras la renovación de cinco concejales, donde no se logró consenso para elegir a las autoridades del cuerpo. Con un Concejo dividido en partes iguales, cinco ediles respaldaron la continuidad de Rubén Camarda en la presidencia —argumentando que el presidente tiene voto doble para desempatar— mientras que el bloque opositor rechazó esa interpretación y planteó otro mecanismo de definición, basado en normativas que, según el Ejecutivo, no se aplican a la Carta Orgánica de Sarmiento. Desde entonces, ese sector desconoce al presidente en funciones y se niega a dar quórum.
A este escenario se sumó otro episodio que profundizó el conflicto: la renuncia de un concejal y la imposibilidad inicial de tomar juramento a su suplente. Durante varios días, el Concejo quedó trabado por discusiones sobre quién debía habilitar esa asunción. Recién tras consultar a la Secretaría Electoral Permanente de la provincia del Chubut se avanzó con el juramento del suplente, aunque incluso en ese contexto no se lograba quórum. Finalmente, y amparados en la Carta Orgánica, se sesionó con un tercio del cuerpo para conformar la comisión de receso y permitir la asunción, decisiones que ya son objetadas por el bloque opositor.
Mientras tanto, la parálisis legislativa impidió la aprobación de la ordenanza tarifaria, una herramienta clave para la administración municipal. A diferencia del presupuesto —que puede reconducirse automáticamente— la tarifaria no tiene continuidad legal, por lo que desde este lunes la Municipalidad no puede cobrar impuestos ni tasas correspondientes a 2026. Esto significa que no se podrán emitir licencias de conducir, habilitaciones comerciales, cobrar multas, aprobar planos de obra ni realizar trámites administrativos esenciales, afectando directamente a vecinos, comerciantes y profesionales.
Venter Jenks alertó además sobre el impacto económico de esta situación: sin recaudación, el municipio enfrenta serias dificultades para pagar sueldos, cumplir con proveedores y sostener servicios. El Ejecutivo había advertido formalmente al Concejo sobre este escenario en diciembre, tanto al vencimiento del plazo para aprobar el presupuesto como antes de fin de año, cuando se convocó a una sesión extraordinaria para tratar la tarifaria. Sin embargo, a ese llamado solo asistieron cuatro concejales, por lo que la sesión se cayó por falta de quórum.
El viceintendente señaló que el conflicto ya excede lo político y se traduce en un perjuicio concreto para la comunidad. “El vecino que quiere irse de vacaciones y necesita pagar su patente, el que debe renovar el carnet de conducir o habilitar un comercio, no va a poder hacerlo”, advirtió. Si bien esta semana podrían realizarse nuevos llamados a sesión y avanzar con los concejales presentes, desde el Ejecutivo anticipan que cualquier ordenanza que se apruebe probablemente será también objetada, prolongando una crisis que mantiene al municipio atado a una disputa interna del Concejo Deliberante.
