La sentencia fue este sábado al mediodía y contó con la presencia del Procurador Jorge Miquelarena y el fiscal Omar Rodríguez.
Durante la misma se encontró penalmente responsables de delitos de peculado en carácter de autora a la ex ministro leticia Huichaqueo y en carácter de participe necesario a Juan Carlos Gómez.

Así lo detalló durante la lectura de la sentencia, la jueza Mónica García.

En tanto, Marcelo Suárez fue hallado culpable por el delito de encubrimiento agravado por ser cometido por funcionario público en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público en carácter de autor, finalizó García.

En diálogo con la prensa el procurador general Jorge Miquelarena sostuvo que ésta es de las causas más emblemáticas en lo que ha sucedido en torno a la corrupción en Chubut.

Indico que están satisfechos con la resolución del tribunal y felicitó al doctor Iturrioz y a todos los colaboradores que participaron de la causa.

Miquelarena sostuvo que se esperará a la cesura de pena para conocer en definitiva cuantos años de prisión les corresponderán.

Sostuvo que habrá que ver en función a la participación y a la autoría en la falsedad del documento cuanto tiempo es que se determina.

Sin embargo, manifestó que el fiscal seguramente mantendrá su expectativa de pena ya que las clasificaciones no se han modificado, a excepción de los cargos de la pareja de la entonces ministro Huichaqueo que pasó de estar acusado de “co-autoría” a “participación”.

Miquelarena sostuvo que se encuentra conforme con el accionar de los fiscales ya que hasta ahora los tribunales han receptado en todos los casos la teoría del ministerio público fiscal.

Resaltó además la labor realizada debido a que “no es lo mismo investigar un delito contra la administración pública que otros tipos de delitos” aseguró.

Explicó que estos delitos generan dificultades extras desde el punto de vista de la evidencia y de la prueba e incluso desde la investigación.

Es por ello, explicó, que cuesta formar un equipo, reforzarlo y mantenerlo a futuro.

Indicó que “es muy difícil el trabajo” por varios motivos.

Destacó que “no es lo mismo investigar a personas que en forma permanente están por caminos que no son los que corresponden que investigar a personas que habitualmente comparten los mismos lugares y ámbitos que los investigadores” incluso sostuvo que muchas veces comparten amigos o familiares en común.

Sin embargo, destacó que pese a ello lo han hecho y han obtenido buenos resultados e inclusive condenas.

Por otro lado, aseguró que “se mide con distinta vara” a los fiscales, ya que, ante un error, los mismos se ven denunciados en el concejo de la magistratura mientras que si un juez se equivoca, el tribunal superior solo revoca el fallo.

Miquelarena manifestó que los condenados por delitos dolosos contra la administración publica quedan a su vez inhabilitados para cubrir cargos públicos.

Además, indicó que desde el 2018 se le envió un oficio al Gobernador poniendo en resalto que se debe controlar también a partir de los estamentos intermedios como las direcciones de compra y de administración donde se comienzan a generar los expedientes, para que allí se generen las alertas tempranas de este tipo de delitos.

Por último, resaltó que las emergencias no son “cartas libres para hacer lo que uno quiera” sino que todas las emergencias habilitan a comprar lo que se necesita y al menor precio posible.

Por su parte el Fiscal Omar Rodríguez repasó que esta causa se desprende de la de emergencia climática al igual que otras como “revelación” y “embrujo”.

Sostuvo que desde allí se desprende la también la “negociación incompatible” que se espera para tratarse en octubre.

A su vez coincidió con la dificultad de la investigación de este tipo de delitos ya que “se debe trabajar mucho sobre la prueba y muchas veces de llega de forma indirecta a la conclusión”

Sumado a estas complicaciones, Rodríguez recordó que se sumó la pandemia, la cual retrasó los plazos de tratamiento.

Explicó que el año pasado la incertidumbre y los decretos modificaron los plazos del juicio que estaba planificado para marzo del 2020.

Además, argumentó que empezaron el debate este año con un pedido de suspensión de juicio a prueba y con pedido de sobreseimiento por vencimiento de plazos pero que sin embargo se logró llevar delante de manera satisfactoria.

El fiscal resaltó que cuando comenzaron con las primeras investigaciones lo hacían con escasos recursos, incluso con un “Fiat uno que se paraba porque recalentaba y el chofer debía bajarse y ponerlo en condiciones para seguir”.

En ese sentido sostuvo que se encuentra satisfecho con los resultados ya que las causas avanzan, los juicios de llevan adelante y se obtienen condenas que se confirman por los tribunales.