La situación derivó en un recurso administrativo presentado por la Cámara de la Construcción de Chubut ante el Instituto Provincial de la Vivienda.
El vicepresidente de la Cámara, Diego Cagnolo, explicó que “las empresas están con preocupación porque la forma de actualización de los precios en los contratos no reflejaba lo que ocurría en la realidad con la mano de obra o los valores en los corralones”.
Precisó que “en octubre de 2022 hicimos los primeros reclamos, se elevó el reclamo a diferentes entes de Gobierno porque la actualización de precios no reflejaba la realidad de lo que nos costaba hacer la obra”.
Indicó que “luego de varios meses se dictaminó y el IPV reconoció que las actualizaciones no coincidían con la realidad y dificultaba terminar las obras porque no se cubrían los costos para seguir con las obras”.
Cagnolo reflejó que, si bien el Estado reconoció que existían desfasajes, en ningún momento los liquidó y complejizó la situación financiera de las empresas.
“Surge una preocupación por la posibilidad de continuidad de la actividad, el peligro de paralización de estas obras de vivienda por la imposibilidad real de poder ejecutarlas”, graficó el empresario de la construcción.
“Vemos que no queremos parar una obra, la realidad misma para la obra, porque la empresa esta endeudada con descubierto, es lo que la empresa tiene como herramienta, y lo que nos pasa es que deuda real no existe, pero el certificado que se hace no refleja lo que se necesita de costos”.
En relación a la situación inflacionaria, hizo hincapié en el faltante que existe de algunos insumos como cocinas, termotanques o inodoros para hacer las viviendas debido al escenario de incertidumbre electoral y la fuerte suba de los precios.
