Los propietarios manifiestan que si prospera la intención de derogar la ordenanza que actualmente prohíbe aplicaciones como Uber en la ciudad se irá hasta las “últimas consecuencias”.
Sandanella cuestionó la falta de controles municipales y sostuvo que desde hace años vienen presentando reclamos formales sobre el funcionamiento ilegal de aplicaciones de transporte. “Cuando hacemos ruido secuestran un par de autos y después todo sigue igual”, afirmó, al tiempo que describió una situación crítica para el sector de taxis en medio de la crisis económica y la caída de ingresos de los choferes.
El dirigente también rechazó el argumento de que plataformas como Uber generen más empleo. Según explicó, muchos taxistas y choferes trabajan jornadas extensas con ingresos cada vez más bajos, mientras que las aplicaciones retienen gran parte de la recaudación. “Lo único que van a hacer es que nos peleemos entre pobres”, sostuvo Sandanela, quien además aseguró que en varias ciudades del país Uber y Didi continúan operando sin registrarse formalmente pese a los intentos de regulación.
Por último, remarcó que en Puerto Madryn las licencias de taxi fueron adquiridas mediante licitación y representan una inversión privada de largo plazo. En ese sentido, consideró que habilitar aplicaciones sin una regulación clara podría derivar en “daños y perjuicios” para los propietarios y trabajadores del sector. Mientras tanto, el debate continúa abierto en el Concejo Deliberante, donde algunos concejales impulsan cambios en la normativa vigente.
