Lo aseguró en diálogo con Radio Chubut el fiscal general de Trelew Omar Rodríguez, integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
Es porque a la ex ministro de familia de la provincia, Cecilia Torres Otarola, se la investiga en principio por la figura de fraude en la modalidad de estafa y además por la figura de concusión, al haberle exigido a los empleados que de ella dependían parte del sueldo que se paga con fondos públicos.

Entre las graves irregularidades, Rodríguez reconoció que tiene acreditado que Adriana Cañumil fue nombrada como subsecretaria en la cartera de Familia por la simple condición de ser la niñera que cuidaba a sus hijos.

«Fue nombrada como subsecretaria por ser quien cuidaba a sus niños y eso está acreditado por varios testigos» explicó Omar Rodríguez.

El fiscal detalló que Cañumil, a quien se hizo figurar como subsecretaria, jamás se la vio por la cartera ni tampoco cuando era asesora de Torres Otarola en su paso por la cámara de diputados, donde tampoco asistía a pesar de cobrar en tal condición.

Pero además Adriana Cañumil, según describió el fiscal, ocupaba un rol central en el engranaje de captación de fondos públicos porque a su cuenta eran girados los montos provenientes de los «ñoquis» nombrados por Torres Otarola y desde esa cuenta iba a parar a la de la ex ministro.

También quedó acreditado en la investigación el nombramiento de un jardinero, que reside en Buenos Aires, de nacionalidad peruana que contaba con antecedentes por violencia de género, lo cual es una contradicción en si mismo al ser funcionario de Familia.

Ayer se realizaron varios allanamientos en propiedades de Playa Unión, barrio 2 de abril de Rawson y Trelew, buscando a los investigados para que aporten elementos para la causa y secuestrar sus teléfonos.

Pero lo que sorprendió es que los ex funcionarios estaban en el ministerio de Familia, donde nada tendrían que hacer, lo que demuestra el nivel de porosidad que existe en el estado provincial.

Otro aspecto que Rodríguez hizo hincapié es en la inexistencia de datos de los funcionarios contratados por esa cartera.

«No había ningún dato de las personas que figuraban en el decreto de designación, en algunos casos ni siquiera la fotocopia del documento» describió.