Es porque la jueza federal de San Martín, Martina Forns, aceptó el planteo de un gremio y suspendió el decreto presidencial por el que se disolvió vialidad nacional.
En la cautelar se considera que la medida presidencial pone en riesgo la estabilidad laboral de los empleados.
García reconoció que esa acción judicial fue tomada por los trabajadores locales como una «pequeña alegría», pero advirtió que lo de ayer es precario toda vez que fija un plazo de seis meses y el gobierno apelará, como ya lo adelantó.
El plan que tienen por delante ahora es seguir el camino legal pero en simultáneo iniciar una campaña en el ámbito legislativo para voltear el decreto que disuelve la repartición.
