El profesional cuestionó el cobro de un ítem en la facturación, devenido de la ley I-515, en la que se factura a los usuarios un monto para inversiones que nadie sabe en qué se aplicaron y que, solo en la cooperativa 16 de octubre de la cordillera, representaron 800 millones cuyo destino es una incógnita.

Esa ley se propuso también arbitrar los medios para actualizar tarifas, que nunca se hizo, y la obligación de informar sobre facturación, recaudación, uso y destino de los fondos de los que tampoco se dio cuenta.

Todos estos recursos provenientes de la facturación que los usuarios pagan en las cooperativas de servicios públicos deberían ir a un plan de obras que se desconoce.

Gauna Lavayen recordó que hace pocos días el organismo creado por esa ley quedó intervenido por el gobierno lo cual fue valorado como una gran oportunidad para saber qué se hizo con todo el dinero recaudado.