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Las autoridades de Inpat desmienten al director de la obra social Seros

Eduardo Ruffa, director del «Instituto de Neurociencias Patagónicas» negó cualquier vinculación con las amenazas y denuncias que recibió el director de la obra social Seros,

Tema: Noticias - Fecha de Publicación: 12 agosto, 2020

Eduardo Ruffa, director del «Instituto de Neurociencias Patagónicas» negó cualquier vinculación con las amenazas y denuncias que recibió el director de la obra social Seros, Adrián Pizzi.
Este último había asegurado que la denuncia que recibió en su contra por la supuesta percepción de doble sueldo estaba promovida por la empresa Inpat, que busca mejores condiciones en su relación como prestador de la obra social para el servicio de salud mental, sobre todo en el segmento de adultos mayores.

Ruffa reconoció que quien hizo la denuncia contra Pizzi es empleado de Inpat, pero deslindó responsabilidades sobre la participación de la empresa en la acción judicial.

Sin embargo no dejó pasar la oportunidad de interpretar que la explicación que dio el funcionario por los micrófonos de radio Chubut le dejaban más dudas que certezas, porque en realidad no negó la acusación sino que dio una explicaciones sobre los recibos de sueldo.

Y como si fuera poco también deslizó que quienes cuestionan al mensajero y no al mensaje remite a una vieja práctica de distracción «de los grupos políticos cuando son señalados y buscan por todos los medios irse por las ramas».

Ruffa se mostró sorprendido por la forma en que la justicia y la obra social le hicieron un «efecto pinzas» a Inpat a través de un recurso, con lo cual están obligados a realizar la prestación a los 100 pacientes y a su vez aceptar  valores por la prestación de hace un año ya que nos les permiten actualizaciones.

El médico explicó que por esa falta de actualización se incurrió en demoras para el pago del personal, por el que 140 trabajadores están con dificultades y atrasos en sus haberes.

De paso cuestionó el proceso licitatorio convocado porque entre otros puntos no tienen en cuenta que no se trata a pacientes adultos mayores sino con problemas de salud mental propios de la  edad avanzada y no son un «geriátrico más» como se lo intenta hacer ver en el proceso licitatorio.

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