En la audiencia, el médico reconoció haber participado en una maniobra irregular para la extensión de carnets de conducir profesionales utilizando certificados de aptitud psicológica apócrifos, pero, con la oferta mediante de pagar unos cinco millones de pesos, quedó libre de culpa y cargo.
El cuestionamiento de la Municipalidad de Gaiman es porque no fue convocada a la audiencia, en su carácter de víctima más que de denunciante.
Darío James recordó que esa es una condición ineludible para la Fiscalía, es decir convocar al “ofendido” para requerir su opinión y no como ocurrió en este caso que ni siquiera los notificaron.
En la misma presentación se recuerda que las otras municipalidades donde se encontraron las irregularidades también debieron ser convocadas, como el caso de Trelew y Dolavon.
Según el jefe comunal, el perjuicio contra su comuna no fue solo por la responsabilidad penal que podría caberle al ser parte de un mecanismo viciado de nulidad, sino también el enorme daño económico que le produjo toda vez que debieron dar de baja varios carnets y hacer un seguimiento costoso de la mecánica para desactivarla.
Por esas y otras razones, el intendente James considera que es totalmente irregular que se haya homologado un acuerdo y prometió seguir el caso hasta las últimas consecuencias.
