Según explicó el funcionario judicial a Radio Chubut, la defensa solicitó acceder al instituto y desde la Fiscalía se analizaron los requisitos legales y las condiciones del ofrecimiento económico realizado por la imputada.
“Hubo distintas propuestas de resarcimiento que inicialmente consideramos insuficientes, hasta llegar a una oferta final que entendimos adecuada”, indicó Papini.
Como parte del acuerdo, Simone deberá abonar una reparación económica de 8 millones de pesos, realizar tareas comunitarias y cumplir reglas de conducta, entre ellas presentarse periódicamente ante la oficina judicial correspondiente.
Además, durante el tiempo que dure la suspensión del proceso, no podrá postularse ni ejercer cargos sindicales.
Papini aclaró que la restricción alcanza únicamente a funciones gremiales porque la entidad damnificada fue ATE y no la administración pública.
La causa investiga una presunta defraudación por administración fraudulenta ocurrida entre 2019 y 2023. El fiscal recordó además que otro imputado continúa vinculado al expediente y que la investigación seguirá avanzando en esa línea.
