La movida fue confirmada por el ministro de seguridad del Chubut, Federico Massoni.

El funcionario reconoció que hay sectores que llaman a la sublevación popular y a los saqueos a través de las redes sociales, lo cual está siendo monitoreado.

Massoni aseguró que quienes incurren en ese delito, al que calificó como «muy grave», están debidamente identificados y les caerá todo el precio de la ley.

La revelación se conoció al consultarlo a Massoni sobre la hipótesis concreta de un desconocimiento masivo de la cuarentena y que la gente, cansada por las necesidades y el enclaustramiento, reaccione saliendo a las calles sin importarle lo que haga la policía.

«Tenemos todas las hipótesis estudiadas, porque entendemos la situación» dijo Massoni, tras lo cual se despachó con los que instan a la violencia a través de las redes sociales.

También se refirió al desplazamiento de la jefe de la comisaría Rawson, Laura Mirantes, a quien se acusó de no ser estricta con el decreto y haber permitido que personas demoradas recuperen la libertad sin judicializar los casos

Tras valorarla como persona y como funcionaria policial, Massoni explicó que no podía hacer otra cosa más que dictar la disponibilidad preventiva porque en realidad había una investigación en marcha, realizada por asuntos internos, ante una denuncia de la división montada por cuatro demorados que jamás pasaron por la guardia.

La gravedad del hecho, según describió el ministro, está dada en que todos deben ser registrados en la guardia para garantía de los ciudadanos, y ese paso es insoslayable.

«La comisario Laura Mirantes se equivocó» dijo en tono de lamento.

En otro orden, le contestó al diputado nacional de «Juntos por el cambio», Gustavo Menna, quien lo cuestionó en un escribo por cierto perfil autoritario y sobreactuar las medidas, entre ellas la de disponer los horarios de atención al público de los supermercados que es una potestad municipal.

Massoni aseguró que «antes respetaba» a Menna, como político y abogado, pero en este caso demostró no estar a la altura de esa consideración porque como político quiere sacar ventaja en una situación de angustia social y como abogado desconoce el marco que otorga la declaración de emergencia en salud.