Uno de los fiscales que llevó adelante la acusación, Omar Rodríguez, recordó que en la primera declaración jurada que hizo como funcionario entre el 2004 y el 2005, Aquilanti declaró que tenía solo un Fiat Tipo y un departamento en Rosario con deudas.
Pero durante el juicio oral que se le sigue por enriquecimiento ilícito, el ex funcionario sacó a relucir que tiene un plazo fijo por 105.000 dólares que hasta ese momento no había aparecido en ningún lado, como una forma de justificar el aumento patrimonial.
Rodríguez puso en valor la figura de la declaración jurada, que es la única forma que existe para cotejar qué bienes tiene un funcionario cuando comienza y cuánto al terminar, para determinar si se enriqueció.
Esto es así porque los bienes que hoy dice tener nunca fueron declarados.
El argumento que puso la defensa fue que había sido un «error administrativo», cosa que el fiscal descree.
De acuerdo a los números, Aquilanti ahorró el 100% de sus ingresos, única manera de sostener su modo de vida y mantener a dos hijos estudiando en otro punto del país.
Además hizo figurar como un «ahorro» a los viáticos por los viajes que realizó como funcionario, sobre lo cual el fiscal advirtió que se está ante el reconocimiento de un delito porque se brinda ese monto para que se paguen los gastos al estar prestando un servicio fuera del ámbito cotidiano y no constituye un sobresueldo, por lo que debería devolverlo si no lo usó.
Otro dato que contrapuso Rodríguez, es que durante el juicio oral y público también se ventiló que Aquilanti había solicitado un crédito hipotecario ante el Instituto Provincial de la Vivienda, cuando eso solo lo podría hacer si no cuentan con viviendas o con recursos, lo que muestra que al momento en efecto no tenía nada.
