El proceso de juicio político contra la intendenta suspendida, Rossana Artero, se paralizó en la sesión de audiencia, donde deberían hacerse público los fundamentos por los cuales se propició el proceso destituyente.
El dictamen de la sala de acusar, que es la primera que intervino ya terminó y tiene 41 fojas más 1.300 hojas escritas con pruebas.

Sin embargo la causa está paralizada en el punto de la audiencia, por lo que no se pudo correr traslado a la sala de juzgar que es la que tiene que dictaminar sobre la suerte de Artero.

El concejal radical Dulio Monti, quien integra la sala de juzgar, aseguró sentirse satisfecho por lo actuado porque ellos cumplieron con su deber y emitieron dictamen.

Pero admitió su sorpresa porque el resto de los concejales parecen no tener mucho apuro y se mantienen en silencio sin expedirse sobre el asunto en conflicto, mientras el almanaque corre y se aproxima el recambio institucional que se hará el próximo lunes 9 de diciembre.

En el medio está el conflicto con los empleados municipales por la demora en el pago de los sueldos, lo cual opera también para los agentes del Concejo Deliberante que están con retención de servicio lo que impide las sesiones.

Como dato, Monti reveló que el último sueldo que cobraron los concejales es del mes de julio, con lo cual están ellos también inmersos en su propia crisis toda vez que algunos tienen a la dieta como único ingreso y al no cobrarla viven su propio drama económico.

Tal como están las cosas, no es descabellado pensar que termine el mandato la actual gestión con una intendenta suspendida a la que formalmente no se la acusó ni se la destituyó, en un proceso que llegó incluso al Superior Tribunal de Justicia aunque este último tampoco se expidió.