La edil sostuvo que el SEM se transformó en un costo adicional para vecinos y comerciantes, más que en una herramienta para ordenar el estacionamiento. En ese sentido, advirtió que el impacto se percibe en la dinámica del centro: los consumidores reducen el tiempo de permanencia y priorizan compras rápidas, lo que afecta indirectamente a la actividad comercial.
Otro de los cuestionamientos apunta al destino de los fondos recaudados. Según plantean, el dinero del sistema no tiene una afectación específica y termina en rentas generales, sin reflejarse en mejoras concretas en el servicio o en la infraestructura urbana, lo que debilita su justificación ante la ciudadanía.
Además, se suman situaciones cotidianas que generan malestar, como el caso de quienes deben asistir a centros de salud y no pueden prever cuánto tiempo estarán estacionados. Esto, aseguran, deriva en multas o mayores costos, al igual que ocurre con trabajadores del centro que deben afrontar abonos mensuales elevados.
En este escenario, la propuesta busca abrir una discusión más amplia sobre el rol del estacionamiento medido en ciudades con crisis económica, convocando a comerciantes, vecinos y autoridades para diseñar un sistema más equilibrado.
