Este jueves se realizó la lectura del fallo al que arribaron los jueces Miguel Caviglia, Jorge Novarino y Fabio Monti quienes encontraron culpables a la mayoría de los imputados.
Entre los absueltos, figura la comerciante Cecilia Sadaba, a quien se acusaba de sobreprecios en la venta de agua mineral que iba a ser destinada a los afectado por la tormenta en Comodoro Rivadavia.

En la lectura, el juez Jorge Novarino señaló que le ministerio público fiscal no pudo probar que existiera una maniobra espuria porque en la exposición de precios, no hubo comparación entre comercios del mismo rubro.

Otro de los absueltos fue el comerciante Cristian Orsi de quien nunca se aportaron pruebas en contra que avalaran su participación en la maniobra fraudulenta, aseguró el tribunal.

En ese marco, la justicia falló en contra de Diego Correa y Diego Lüters a quienes encontró responsables del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado en 17 hechos consumados y 14 tentados.

En el mismo sentido, la justicia encontró culpable al ex subsecretario Marcelo Suarez a quien, sin embargo, se lo absolvió de otros 6 hechos de los que se los acusaba.

También Vanina Barale, quien era encargada del depósito del Ministerio de la Familia, fue encontrada responsable del mismo delito, pero en 11 hechos consumados y 14 tentados, y fue absuelta de otros 5 hechos de los que se la acusaba.

También Leticia Huichaqueo fue encontrada culpable del mismo delito, pero dos hechos tentados, según repasó el juez Jorge Novarino.

En el punto sexto de la lectura, el magistrado confirmó la absolución del comerciante Cristian Orsi y en el séptimo; leyó la decisión en torno a la también, comerciante Marta Fracasso a quien se encontró culpable del delito de partícipe necesaria material y penalmente responsable de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado, seis hechos consumados y uno tentado.

La lectura continuó con la situación del comerciante Bruno Taurelli a quien también se encontró responsable del delito de partícipe necesario material y penalmente responsable de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado en 8 hechos consumados y 9 tentados y absuelto en otros 2 hechos.

Misma suerte corrió el empresario Estanislao Finiguerra a quien se encontró responsable del mismo delito, pero en torno a dos hechos.

César Hugues, fue hallado también responsable del mismo delito de partícipe necesario en un hecho tentado y absuelto en dos hechos consumados.

El juez Novarino además, leyó la absolución de Guillermo Williams y de Cecilia Sadaba.

La palabra del fiscal Rodriguez

Tras la lectura, el fiscal jefe de la unidad especial de investigaciones de delitos contra la administración pública, Omar Rodríguez se manifestó conforme con el fallo al que arribaron los jueces.

Sostuvo que la absolución de la comerciante Cecilia Sadaba estaba contemplada por el equipo de fiscales y que se comparte el criterio que utilizaron los magistrados en su resolución.

Agregó que donde no se pudo corroborar la imputación con certezas, el tribunal decidió la absolución de los acusados.

Explicó que el núcleo del delito tiene que ver con el armado de expedientes, con el uso de facturas apócrifas y a través de ese circuito, y con la participación de comerciantes se simulaba la compra que se pagaba rápidamente por la vigencia de la emergencia.

“Correa, Lüters, Barale y Suarez en la mayoría de los delitos y los particulares Finiguerra, Fracasso, Hughes y Taurelli fueron hallados responsables, así como Leticia Huichaqueo a quien se la acusaba por la compra de carne que se acreditó, nunca fue a Comodoro Rivadavia”, repasó el fiscal.

Sobre las penas que se pedirán, indicó que se mantendrán las que ya se habían adelantado, todas en su mayoría, superan los tres años por lo que serían de cumplimiento efectivos.

La audiencia de cesura será el martes próximo.

Recordó las circunstancias en las que se produjo el delito, en el marco de una situación sin precedentes, que los funcionarios y particulares acusados aprovecharon para su propio beneficio.

Adelantó además que se solicitarán medidas cautelares para tratar de recuperar el perjuicio que se ha cometido contra el estado.

En su momento fueron entre 10 y 14 millones los que calcula se utilizaron en estas maniobras, de los 20 totales que se destinaron a la emergencia por lo que la defraudación supera la mitad del dinero que se había destinado a paliar la emergencia.