El «asesor técnico», tal como se presentó, dijo que quienes cometieron esa medida de fuerza no solo están acusados de usurpar el predio sino de privación ilegal de la libertad, falsificación de instrumento público, hurto, defraudación y estafa.

Aseguró que cuando recuperaron la planta confirmaron la falta de muchos elementos, entre ellos cajas de hilados por un valor estimado entre 8 y 10 millones de pesos.

«Faltaron herramientas, ropa y se robaron hasta los botines» señaló.

El dirigente describió el enorme daño que sufrieron como unidad productiva, aunque sostuvo que de inmediato se pusieron a trabajar, demostrando que esa es la única manera de sostener a la cooperativa.

La «empresa social» tiene ahora 25 asociados, aunque había 48.

Muchos quedaron afuera porque no cumplieron los requisitos a pesar de que se les pidió que regularicen, destacó Contreras, quien reconoció que pasó de ser un asesor técnico a líder de la unidad productiva y desde hace unos meses figura en la nómina de asociados.