Es porque en el texto que aprobará la legislatura amplía el área natural y pide la exclusión de «cualquier tipo de ocupación hostil al área», lo que deja abierta la posibilidad al desalojo.
En principio se había anunciado una expropiación pero esa idea fue reemplazada por la ampliación del área protegida, con lo cual el Estado se auto faculta a intervenir una propiedad privada sin desembolsar un peso.
La sospecha se incrementa porque en la designación de la autoridad de aplicación figura la ONG «Global Penguin Society» cuyo presidente, director ejecutivo y científico es Pablo García Borboroglu, quien fue denunciante, hizo de perito y claramente mostró interés en su propiedad.
Lo llamativo también es que la ampliación del área protegida se hace en toda la extensión de su campo y no en el lindero, como si los pingüinos tuvieran un límite en su recorrido.
Recordó además que sobre su campo existe desde hace años un plan de manejo que nunca se aplicó porque el Estado estuvo ausente y no porque él o sus familiares cercanos no hayan querido aplicarlo.
